El TC falla a favor del impuesto, que supone 15 millones al año

La Generalitat de Catalunya podrá cobrar el impuesto sobre las grandes superficies comerciales que aprobó por ley el Parlament el año 2000, y que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el gobierno de José María Aznar en el 2001. Ahora, el Alto Tribunal ha declarado que la citada tasa es constitucional y, por tanto, el Govern podrá recaudar el dinero a partir de este año y, además, ingresar la cantidad que los establecimientos le adeudan.

El Parlament aprobó en noviembre del 2000 un impuesto para gravar a las grandes superficies comerciales en favor del comercio urbano, una carga de 17,42 euros por metro cuadrado para los comercios de una superficie igual o superior a 2.500 metros cuadrados, por cada metro adicional de superficie de ventas. El Constitucional ha concluido que este impuesto no tiene una base imponible idéntica a las del impuesto sobre actividades económicas (IAE) ni del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), argumento expuesto por el gobierno en su recurso.

En los presupuestos del 2011, la Generalitat tenía previsto recaudar unos 14 millones de euros, de los que finalmente sólo ingresó 261.000 euros. Teniendo en cuenta que debido a la limitación legal a superficies comerciales los metros de este tipo de establecimientos se han mantenido prácticamente estables en la última década, la Generalitat debería ingresar unos 140 millones de euros adeudados por las empresas. Fuentes del Govern indican que no se sabe cuándo podrán ingresar tal cantidad y empezar a cobrar el impuesto, ya que las empresas han impugnado de manera individual la normativa.

Las empresas de gran distribución han acogido con preocupación la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno en el 2001 sobre el impuesto a los grandes establecimientos, en suspenso desde que se interpuso el recurso hace once años, en un momento de dificultades financieras para las arcas públicas catalanas. En un comunicado, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a compañías como El Corte Inglés, Apple, Carrefour, Alcampo o Ikea, señaló que respeta la decisión del Constitucional, aunque considera que "no llega en el momento más oportuno".

En primer lugar, explica la Anged, por su retraso, ya que el recurso data del 2001, y en segundo lugar porque "la situación económica actual, marcada por una acentuada caída del consumo, dista mucho de la de hace una década". Además, la asociación recuerda que quedan aún pendientes de resolver los recursos interpuestos por cada empresa, basados en la "evidente discriminación" que supone la aplicación del impuesto en comparación con el resto de la normativa europea. "Este tributo es discriminatorio -afirma la Anged- y deteriora la capacidad de generar empleo y riqueza en un momento en el que es crucial recuperar la confianza de las empresas".

La Anged señala que el tributo es discriminatorio y que hay pendientes recursos individuales.

FONT:  La Vanguardia

 

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